El gobierno municipal avanzó con la definición de la Zona Roja pese a las críticas. También ratificó que implementará el reconocimiento facial tras el fallo judicial contra CABA. Apuesta al diálogo con el sindicato.
Por Ramiro Melucci
Las críticas que recibió la decisión de permitir la oferta sexual en la avenida 10 de Febrero, en las inmediaciones de los cementerios Parque y Colinas de Paz, no impidieron su confirmación. El gobierno municipal la refrendó el viernes, con un anuncio orientado a ratificar su política: habilitó una línea de whatsapp para que los vecinos denuncien a quienes ejerzan la prostitución en la vía pública fuera del área permitida.
La aplicación de la ordenanza que establece multas y arrestos para las trabajadoras sexuales que incumplan la delimitación geográfica, sin embargo, no resultará sencilla. Entidades de la comunidad trans anticiparon que desconocerán la medida, mientras que vecinos de los alrededores deslizaron que presentarán un recurso de amparo.
El protagonismo que en las últimas semanas tuvo el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, es un claro indicio de las intenciones del gobierno local. Así como ponderó que “nunca más un vecino tendrá frente a su casa a alguien ejerciendo la prostitución”, había utilizado una fórmula similar para intervenir en el debate legislativo sobre la regulación de los trapitos: “La calle es de los vecinos, no de los cuidacoches”.
El funcionario también anticipó que el fallo de la jueza Elena Liberatori contra el sistema de reconocimiento facial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hará retroceder al municipio en su implementación. Cerca del intendente no solo confirmaron sus palabras, sino que redoblaron la apuesta: “No pensamos frenar por lo que resolvió en primera instancia y para otro distrito una jueza militante”. La ubicaron en el mismo peldaño que a Roberto Gallardo, el magistrado que también se había pronunciado en contra del gobierno porteño y que fue apartado por el Tribunal Superior de Justicia por “parcialidad manifiesta”.
De todos modos, la medida de Liberatori, que casi tuvo tanta repercusión en Mar del Plata como en Buenos Aires, supuso una mácula en un momento inconveniente: cuando la Municipalidad tiene que firmar los convenios para obtener las bases de datos para su instrumentación. Ferlauto diferenció que una cosa es la inconstitucionalidad del sistema en sí y otra la del uso que se le dio. El fallo, en efecto, alude a esta última circunstancia. Y supedita la continuidad del sistema de reconocimiento facial al debido funcionamiento de los órganos de control, como la comisión especial de seguimiento de los sistemas de video vigilancia en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Lo mismo había propuesto la oposición local durante el debate en el Concejo bajo el nombre de “Comité de Ética”. También lo sugirió en su informe el subsecretario legal y técnico, Mauro Martinelli. La ordenanza, aprobada por el interbloque oficialista y Nicolás Lauría en la última sesión, no lo incluyó. Se supone que alguna figura similar deberá contemplar el Ejecutivo cuando elabore la licitación y ponga en marcha el sistema.
El protagonismo que en las últimas semanas tuvo el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, es un claro indicio de las intenciones del gobierno local.
Mientras hace gala de su musculatura política (es lo que implica no retroceder en asuntos que disparan diversos cuestionamientos), más de dos años y medio después de su asunción Montenegro transita su primer conflicto con el sindicato municipal. Salió a la luz el mes pasado, cuando el gremio que conduce Antonio Gilardi aprovechó un paro de alcance provincial para ventilar las diferencias salariales con el gobierno local. El momento quedó retratado con una foto del presidente de la Federación de Sindicatos Municipales (Fesimubo), Rubén García, junto a Gilardi en la sede del sindicato local.
El jueves hubo otro paro y mañana continuará la saga. En lo que va de 2022 el sindicato y el municipio acordaron un aumento del 36%, pero la inflación escala a otro ritmo, decididamente más rápido: hasta julio había acumulado 46,2%. En el gobierno reconocen esa brecha, pero recuerdan otra: la que distancia el aumento de tasas, que este año fue del 45%, con la proyección anual de inflación, ubicada por encima del 90%.
Pese las medidas de fuerza y a las jornadas sin clases en las escuelas municipales, la administración se ha mantenido en silencio. Esquiva cualquier tipo de comparación con la gestión de Carlos Arroyo, propensa a ir a la guerra contra el gremio. La jornada de mañana resultará clave. No solo por el paro, sino sobre todo por la convocatoria que formalizó el intendente. Era lo que pedía Gilardi: que Montenegro se sentara en la mesa de negociación.
Pese las medidas de fuerza y a las jornadas sin clases en las escuelas municipales, la administración se ha mantenido en silencio.
La retención de tareas también impactará en el Concejo Deliberante, donde el interbloque oficialista tenía previsto retomar el debate del pliego de la disposición final de residuos. Por primera vez después de la aprobación de la Comisión de Ambiente (el 18 de agosto), la de Legislación había puesto el expediente en el orden del día. Pero el tratamiento se seguirá demorando.
El debate sumó en la semana los interrogantes de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias. Mientras la oposición hace foco en el playón social, el espacio que articula el Obispado preguntó cómo se controlará ese sector, en el que realizan sus labores los recuperadores informales. También consultó si se prevén mejoras en las condiciones laborales que permitan procesos de agregado de valor a los residuos recuperados. Puntualizó además que el lugar no se encuentra en las condiciones adecuadas y lanzó una última pregunta cuya formulación es una crítica en sí misma: “¿Cómo estaría previsto un plan de separación en origen?”. Parece dar por hecho que no lo hay, cuando lo que sucede es que el que existe resulta insignificante.
El paro municipal del último jueves ya había impedido la realización de la sesión ordinaria. El Concejo consiguió así una semana completa de paz. El lunes se logró reivindicar de la foto incompleta de la semana anterior con un repudio sin contrapuntos al atentado contra Cristina Kirchner. Hay que valorar en ese aspecto el esfuerzo que hicieron las bancadas del oficialismo y la oposición. Se advirtió en el discurso de las dos Marinas. El de Santoro, la presidenta del bloque del Frente de Todos. Y el de Sánchez Herrero, la del Concejo. Las dos optaron por leer algunos tramos de sus intervenciones para no lanzar términos que pudieran herir susceptibilidades. Y aunque la lectura no suele tener buena fama en los recintos legislativos, es bienvenida si contribuye a mejorar la convivencia democrática en momentos tan determinantes.